Hace unos días la Asamblea Local del PSOE de Plasencia aprobó una resolución de "apoyo y respaldo unánime" a los tres Concejales del Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos por parte de la Fiscalía Provincial.
La Fiscalía ha señalado que en estos hechos se pueden ver cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.
El denominador común es el fraccionamiento del coste de las obras para no tener que sacarlas a concurso público y adjudicarlas a dedo a la misma empresa, según la denuncia de la Fiscal-Jefe Provincial.
Iniciativa Socialista de Extremadura entiende que existe un procedimiento previo y obligatorio a seguir antes de tomar cualquier decisión político-administrativa y es el relativo a conocer la normativa aplicable, todo procedimiento a seguir está regulado por las leyes antes que por la costumbre o práctica burocrática.
Más en este presunto delito de malversación de caudales públicos, pues el Interventor Municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas; llegando a advertir incluso de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente al constructor también imputado.
Tengamos en cuenta, para apreciar la gravedad de los hechos, que el valor de las obras que se investigan es superior al millón de euros, 166 millones de las antiguas pesetas.
En Iniciativa Socialista de Extremadura creemos sinceramente que el PSOE se ha equivocado en dar su "apoyo y respaldo unánime" a los tres concejales del Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos, sin exigirles siquiera asumir su responsabilidad política por una práctica reprobable. Pues, como dice el Fiscal-Jefe Provincial, no se puede optar por "la adjudicación de obras al margen de los procedimientos legalmente establecidos, mediante el fraccionamiento de los importes".
Lo más probable es que los concejales no se hayan llevado ni un duro a sus casas, pero la práctica, el procedimiento es irregular; de eso son conscientes hasta las concejales imputados, pues en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Plasencia de hace un mes, el Concejal de Obras, Blas Raimundo, pronunció la siguiente frase: "Siempre diré que soy honrado; el Juez me acusará y me condenará, pero que quede claro que ni yo ni mi compañero nos hemos llevado un euro".
Si la ley prohíbe el fraccionamiento de facturas para evitar así el poder adjudicarlas directamente, el procedimiento, la práctica de fraccionarlas no se puede llevar a cabo. Y quién la lleve a cabo, sabiendo que está actuando en Fraude de Ley, ha de dimitir del cargo que ocupa.
Si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla; y mucho menos conscientemente, pues el Interventor del Ayuntamiento hizo constar de forma expresa que los expedientes requerían pública licitación para adjudicarlas y que "se prohíbe su fraccionamiento".
Además, si el día de mañana una persona cercana o familiar de uno de los concejales imputados quedara en paro y ese concejal pidiera el favor al constructor de colocarlo en su empresa ¿se podría negar el constructor a contratar a ese familiar o persona cercana al concejal imputado? ¿No ha beneficiado el concejal imputado presuntamente al constructor? ¿No sería lógico la devolución del favor? Estas cosas son las que la ley intenta prevenir cuando mandata adjudicar a través de licitación pública.
Pero lo dicho, si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla.
Fdo.: Javier Caso Iglesias, Portavoz de Iniciativa Socialista de Extremadura
La Fiscalía ha señalado que en estos hechos se pueden ver cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.
El denominador común es el fraccionamiento del coste de las obras para no tener que sacarlas a concurso público y adjudicarlas a dedo a la misma empresa, según la denuncia de la Fiscal-Jefe Provincial.
Iniciativa Socialista de Extremadura entiende que existe un procedimiento previo y obligatorio a seguir antes de tomar cualquier decisión político-administrativa y es el relativo a conocer la normativa aplicable, todo procedimiento a seguir está regulado por las leyes antes que por la costumbre o práctica burocrática.
Más en este presunto delito de malversación de caudales públicos, pues el Interventor Municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas; llegando a advertir incluso de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente al constructor también imputado.
Tengamos en cuenta, para apreciar la gravedad de los hechos, que el valor de las obras que se investigan es superior al millón de euros, 166 millones de las antiguas pesetas.
En Iniciativa Socialista de Extremadura creemos sinceramente que el PSOE se ha equivocado en dar su "apoyo y respaldo unánime" a los tres concejales del Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos, sin exigirles siquiera asumir su responsabilidad política por una práctica reprobable. Pues, como dice el Fiscal-Jefe Provincial, no se puede optar por "la adjudicación de obras al margen de los procedimientos legalmente establecidos, mediante el fraccionamiento de los importes".
Lo más probable es que los concejales no se hayan llevado ni un duro a sus casas, pero la práctica, el procedimiento es irregular; de eso son conscientes hasta las concejales imputados, pues en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Plasencia de hace un mes, el Concejal de Obras, Blas Raimundo, pronunció la siguiente frase: "Siempre diré que soy honrado; el Juez me acusará y me condenará, pero que quede claro que ni yo ni mi compañero nos hemos llevado un euro".
Si la ley prohíbe el fraccionamiento de facturas para evitar así el poder adjudicarlas directamente, el procedimiento, la práctica de fraccionarlas no se puede llevar a cabo. Y quién la lleve a cabo, sabiendo que está actuando en Fraude de Ley, ha de dimitir del cargo que ocupa.
Si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla; y mucho menos conscientemente, pues el Interventor del Ayuntamiento hizo constar de forma expresa que los expedientes requerían pública licitación para adjudicarlas y que "se prohíbe su fraccionamiento".
Además, si el día de mañana una persona cercana o familiar de uno de los concejales imputados quedara en paro y ese concejal pidiera el favor al constructor de colocarlo en su empresa ¿se podría negar el constructor a contratar a ese familiar o persona cercana al concejal imputado? ¿No ha beneficiado el concejal imputado presuntamente al constructor? ¿No sería lógico la devolución del favor? Estas cosas son las que la ley intenta prevenir cuando mandata adjudicar a través de licitación pública.
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Fdo.: Javier Caso Iglesias, Portavoz de Iniciativa Socialista de Extremadura
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pon una Iniciativa en tu Ayuntamiento.
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Iniciativa Socialista, el ecosocialismo democrático, de izquierdas y federalista;
Iniciativa Socialista, el socialismo ecologista, rojiverde, de cercanía;
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